Transcurrieron más de 20 años de espera, de fuertes presiones y de intensas discusiones y debates. Finalmente, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por mayoría la Ley de Fertilización Asistida, que garantiza el acceso integral a procedimientos de reproducción asistida.
A partir de su reglamentación, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el sector público de salud estarán obligadas a incluir en el Programa Médico Obligatorio (PMO) los tratamientos de fertilización y, también los de diagnóstico, los medicamentos y terapias de apoyo. En el texto quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos o embriones.
En tanto, a la hora de llevar adelante estas prácticas no podrá haber restricciones fundadas en la orientación sexual o el estado civil del demandante. Esto es así porque los legisladores nacionales decidieron no definir a la infertilidad como una enfermedad –tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y de este modo dejar abierta la puerta para que las parejas homosexuales y las mujeres solteras también puedan acceder a estos tratamientos. Tendrán los mismos derechos que cualquier pareja heterosexual e independientemente de si se está o no formalmente casado.
Este es una de las principales diferencias de esta ley nacional respecto de las leyes provinciales que ya tienen vigencia, como en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis o Santa Cruz. En estas provincias la ley toma el concepto de enfermedad de la OMS, de manera que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el sector público de salud no cubren lo que se denomina como “infertilidad social” –la de las de parejas gays o mujeres solteras que deben recurrir a la donación para lograr un embarazo-.
Por su parte, la ley sancionada establece que tienen derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, todas las personas mayores de edad que hayan explicitado su consentimiento, sin fijar de esta forma determinadas franjas etarias, ni condicionamientos. Aquí, encontramos otra de las grandes diferencias. Por ejemplo, en la norma bonaerense se establece que se contemplan tratamientos para parejas en las que la mujer tenga entre 30 y 40 años.
La iniciativa aprobada contempla las modificaciones provenientes del Senado que estipulan que el Ministerio de Salud, como órgano de aplicación, tendrá la tarea de capacitar a los profesionales en la materia. Además la Nación tendrá un presupuesto para campañas de publicidad y concientización sobre el nuevo régimen, más allá de que su ejecución le corresponderá a las provincias.
La ley sancionada beneficiará a más de 600 mil personas. Alrededor de un 20 % de las parejas están atravesadas por la imposibilidad de procrear y deben someterse a prácticas de fertilización, cuyo valor oscila entre los 12 y los 40.000 pesos por cada intento. Con esta norma, la posibilidad de tener un hijo ya no estará condicionada por la capacidad de pago de aquellos hombre y mujeres que quieren ser padres.